Los profesionales sanitarios son el activo principal del Sistema Nacional de Salud (SNS) y, desgraciadamente, por diversos motivos que analizamos en este artículo, el ejercicio de su actividad profesional se ve afectado gravemente por agresiones de diferente índole. Se encuentran expuestos a determinados riesgos debido a la profesión que ejercen y uno de ellos es sufrir una agresión por parte del paciente o del familiar del enfermo. Situaciones violentas que les ponen en riesgo y pueden provocar y de hecho provocan efectos nocivos tanto en la seguridad como en la salud de la persona afectada, así como en el sistema sanitario en su conjunto.
Este tipo de incidentes se encuentran englobados dentro de la definición de violencia en el trabajo que dio la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2002: “Todo aquel incidente en el que la persona es objeto de malos tratos, amenazas o ataques en circunstancias relacionadas con su trabajo, incluyendo el trayecto entre el domicilio particular y su lugar de trabajo y que pongan en peligro, explícita o implícitamente su seguridad, bienestar o salud”. Esta es la definición que realiza la OMS. Por tanto, incluye un abanico muy amplio de delitos como: atentados contra la autoridad, lesiones, coacciones, agresiones, abuso o acoso sexual, secuestro, allanamiento, calumnia e injuria, acusaciones o denuncias falsas, extorsión, robo, daños en la propiedad, o alteraciones del orden público”.
Las agresiones a médicos y sanitarios baten un récord histórico en 2022 y sigue en ascenso según los datos oficiales. Los colegios profesionales recibieron 843 denuncia de agresiones violentas físicas o verbales contra facultativos, lo que supone un 38% mas y siguen en ascenso.
La OIT, el Consejo Internacional de Enfermeras y la Internacional de Servicios Públicos publicaron un documento titulado “ Directrices Marco para afrontar la Violencia Laboral en el Sector Salud” y a nivel europeo el “Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea de 1957” (Tratado de Roma) en su art. 118 A) obliga al Consejo de Comunidades Europeas a establecer mediante Directivas las disposiciones mínimas para promover la mejora, en particular del medio de trabajo con el fin de elevar el nivel de protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores. Nosotros, como senador, participamos en el pleno del Senado de 2012 donde aprobamos una moción con la que se pedía al Gobierno a establecer los mecanismos de información que reforzasen la figura del profesional sanitario como Autoridad en su trabajo. Por tal motivo, la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo modifica la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre, del Código Penal que lleva a cabo la reforma sugerida en donde se amplían los funcionarios protegidos como Autoridad Pública a los sanitarios y docentes.
Doctor en Ciencia de la Información y Sociología.
Exsenador y Portavoz de Sanidad.
/Foto Archivo Kiosco Insular.
En el denominado “Año COVID”, se produjeron de media más de 23 agresiones diarias, cerca de una cada hora. En definitiva, casi 14.000 agresiones, en el conjunto del Servicio Nacional de Salud, lo que significa 5 puntos más cada año. Lo que supone un 16% de agresiones por cada 1.000 profesionales del Servicio Nacional de Salud. Intolerable.
Además, siete de cada diez ataques contra profesionales de la sanidad fueron contra mujeres que evidentemente se debe, por un lado, a una mayor feminización del sector, especialmente en consulta, y por otro lado, a la errónea percepción que tienen algunos pacientes de que las mujeres son más débiles o que pueden imponerse frente a ellas. A pesar de todo, seguimos asistiendo a un aumento anual de agresiones a facultativos y además existiendo un número importante que se suman de agresiones que denominamos invisibles, como dice la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), muchos facultativos no denuncian por miedo, desconocimiento o por tener integrada esa clase de actitudes como algo intrínseco a su trabajo. En definitiva, en la actualidad solo una de cada 10 agresiones a sanitarios se denuncia. En el 2023, el 10 de marzo, con vistas a tomar medidas preventivas y en aras a la visualización de las agresiones a profesionales sanitarios, se celebró el “Día Europeo contra las Agresiones a Profesionales Sanitarios” que solicitamos como sanitarios en ejercicio que somos que se siga celebrando anualmente para ayudar a visualizar un problema humano y sanitario de primer orden. El 85% de las agresiones fueron físicas y el 15% agresiones no físicas.
En definitiva, el mal llamado Ministerio de Sanidad, que como ya hemos mencionado, se debe llamar Ministerio de Salud, debe de tomar sin localismo sino medidas nacionales una Estrategia Nacional contra las Agresiones a Sanitarios, fomentando áreas específicas de: información, y sobre todo apoyo y respuesta donde se facilite la aplicación telefónica “AlertCops”, disponible en la actualidad para todo ciudadano que quiera comunicar cualquier suceso a las Fuerzas Armadas del Estado, y aumentar su difusión entre el personal del ámbito sanitario, que es imprescindible.
La necesidad imperiosa de que se tomen medidas de esa Estrategia Nacional y campaña de divulgación (no propaganda) profesional donde quede claro en todos los centros sanitarios el “STOP” a las agresiones sanitarias.
No puede ser coste cero la violencia contra el ejercicio sanitario. Basta ya.
Prof. Antonio Alarcó Hernández
Presidente de la Cátedra de Telemedicina, Robótica y Telecirugía de la ULL.
Doctor en Ciencia de la Información y Sociología.
Exsenador y Portavoz de Sanidad.
