Dispongo ante mí del ejemplar de un conocido diario del país en el que con mucha indignación por mi parte puedo leer que el ultra García Juliá, uno de los crueles asesinos de los abogados laboralistas de Atocha, quedará libre en noviembre como consecuencia de los beneficios carcelarios que podría haber consolidado antes de su fuga.
Da la impresión de que en estos casos, como en muchos otros de carácter de violencia política, las leyes heredadas del franquismo no se hubieran puesto a la altura de las circunstancias que le corresponden en una consolidada democracia como la nuestra. Menos mal que la fiscalía podría, tal y como anuncia la prensa, presentar un recurso contra esta medida que debería estudiar un tribunal.
Durante el encarcelamiento de éste cobarde en las cárceles españolas y antes de su fuga, se habría beneficiado de las rebajas por trabajos y estudios que habría consolidado antes de convertirse en prófugo, además de los 429 días que ya habría pasado encarcelado en Brasil a la espera de que fuera entregado a España. Hasta ahí, nada que objetar, pero ¿Cómo es posible que teniendo todavía más de diez años por cumplir de la pena de 193 años impuesta por la Audiencia Nacional en 1980 y después de haber estado huido de la justicia española durante 25 años, el convicto y confeso ultra asesino, García Juliá, tenga aún el enorme privilegio de intentar gozar de los beneficios penitenciarios que reclama su abogado? ¿No parecería más lógico, -siempre a criterio de los jueces-, que cumpliera primero condena por los 25 años fugados y a la postre, si se estimara en todo caso conveniente, obtuviera las ventajas que le hubieran correspondido por el total de años acumulados en prisión? ¿Y qué decir de los beneficios económicos obtenidos durante los 25 años de trabajo de sus oscuras y distintas profesiones en el extranjero?
Casos como éste y los del llamado Billy el Niño, del que precisamente ya hemos hablado ayer aquí mismo, no deberían tolerarse con esta injusta arbitrariedad, por todo lo que ello significa en lo que respecta a la imparcialidad mediante la que se debería aplicar justicia a torturadores y asesinos políticos a sueldo en su día durante una dictadura que, hasta sus últimos días, sembró el pánico y el horror durante la incipiente democracia consolidada hoy gracias a la voluntad popular de crear gobiernos que nos representaran formalmente a través de los distintos partidos que han estructurado nuestro arco parlamentario en el Congreso.
Este lastre que todavía soportamos en materia de justicia política desde el fin de la dictadura, se contradice con la expresa voluntad de los distintos gobiernos habidos por demostrar una transparencia en el ámbito de magistraturas y fiscalías que aún hoy, para colmo de males, deja bastante que desear.
¿Por qué esa diferencia abismal de trato entre unos y otros? ¿Cómo y por qué los independentistas catalanes, por poner sólo un ejemplo, continúan cumpliendo condena mientras crueles asesinos convictos y confesos se aprovechan no sólo de las lagunas que ofrece el código penal sino, además, de los supuestos beneficios que se supone que les corresponden para exigir su inmediata libertad?
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Licenciado en Historia del Arte y Bellas Artes
