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La entrada de Marruecos en puertos españoles
El Gobierno español lleva meses estudiando la entrada de la empresa semipública marroquí Marsa Maroc en Boluda Maritime Terminals (BMT), mediante la compra del 45 % de su capital por 80 millones de euros. La operación, anunciada en diciembre de 2025, todavía necesita la autorización de España.
La Junta de Inversiones Exteriores (Jinvex), en la que participan distintos ministerios, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Departamento de Seguridad Nacional, analiza los posibles riesgos para la seguridad nacional y las infraestructuras estratégicas. Finalmente, será el Consejo de Ministros quien decida si autoriza la operación, de acuerdo con la legislación española y el marco europeo de control de inversiones extranjeras.
Boluda Maritime Terminals gestiona terminales portuarias en lugares como Las Palmas, Tenerife, Lanzarote, Sevilla, Cádiz, Santander y Barcelona. Aunque Marruecos ya ha autorizado la compra, el Gobierno español mantiene la operación en revisión. La decisión se produce en un contexto de tensiones diplomáticas entre España y Marruecos, agravadas por la crisis migratoria de Ceuta del pasado julio, aunque no existe confirmación oficial de que ambos asuntos estén directamente relacionados.
Una de las principales preocupaciones es el futuro del puerto de Las Palmas, que constituye un centro fundamental de conexión marítima para Canarias. El Cabildo de Gran Canaria y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria advierten de que la participación marroquí podría afectar a la competitividad del puerto, especialmente por el desarrollo de nuevas infraestructuras en Marruecos, como el puerto de Dakhla, en la costa atlántica del Sáhara Occidental. Estas instalaciones podrían atraer parte del tráfico marítimo que actualmente pasa por Canarias.
Además, las relaciones comerciales entre Marsa Maroc, Boluda y la naviera internacional MSC generan dudas sobre su posible influencia en el tráfico portuario y la competencia entre terminales.
Por su parte, Boluda defiende que mantendrá el control de su filial española y asegura que Marsa Maroc no podrá decidir la estrategia de las terminales ni influir en la elección de los puertos por parte de las navieras. También recuerda que en España operan terminales gestionadas por empresas de diferentes países.
En conclusión, la operación enfrenta los intereses empresariales de Boluda con las preocupaciones sobre la seguridad nacional, la competencia portuaria y las relaciones diplomáticas con Marruecos. La decisión final del Gobierno determinará si se permite la entrada de capital marroquí en estas infraestructuras estratégicas.
Resulta preocupante que una empresa participada por el Estado marroquí pueda adquirir el 45 % de una compañía que gestiona infraestructuras portuarias estratégicas en España, mientras el Gobierno sigue estudiando sus posibles consecuencias sin haber tomado una decisión definitiva. No se trata únicamente de una operación empresarial, sino de proteger la soberanía económica, la seguridad nacional y los intereses de los puertos españoles, especialmente el de Las Palmas, fundamental para la conectividad de Canarias. Además, el desarrollo del puerto marroquí de Dakhla podría aumentar la competencia y desviar parte del tráfico marítimo que beneficia a las islas. Aunque Boluda asegura que conservará el control de sus terminales, el Gobierno español debería analizar con máximo rigor la capacidad de influencia del nuevo accionista y evitar que los intereses estratégicos nacionales queden subordinados a beneficios económicos privados. España debe priorizar la protección de sus infraestructuras críticas y garantizar que las decisiones sobre sus puertos respondan al interés general y no comprometan su autonomía económica y estratégica.-Confucio.
