miércoles, diciembre 1, 2021
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¿Respeto a la Constitución?

No es normal que un contribuyente se haga esta pregunta

En este país nos hemos acostumbrado con demasiada frecuencia a las presuntas arbitrariedades de la Administración. Lo antepenúltimo fueron las plusvalías, declaradas inconstitucionales por el más Alto Tribunal. Lo penúltimo es el compadreo de los trabajos en la Administración. Según parece, “Los interinos que ocupen un puesto en la Administración Pública «de forma ininterrumpida» desde al menos el 1 de enero de 2016, pasarán automáticamente a tener un puesto fijo sin oposición.

Los principios de Igualdad, Mérito, Capacidad, Transparencia y Seguridad Jurídica que deben presidir todo procedimiento de concurrencia ante una Administración Pública quedan en agua de borrajas. ¿Cuántos de los interinos que pasarán a ser personal fijo lo han hecho respetando estos principios? ¿Cuántos lo ha sido por las puertas giratorias? ¿Y cuántos forman parte de las redes clientelares? No es normal que un contribuyente se haga estas preguntas y, lo que es más grave ¿Se pasa el gobierno por el forro la Constitución?

Las personas no pueden ser tratadas de manera diferente por las leyes, en eso consiste el principio de Igualdad; los empleados públicos se seleccionarán valorando sus méritos académicos o profesionales, principio de Mérito y Capacidad; las Administraciones Públicas deberán facilitar toda la información relevante de dato económicos y presupuestarios, la Transparencia. Por último, está el principio de Seguridad Jurídica en el que se impone que todos tengamos conocimiento cierto y anticipado sobre las consecuencias jurídicas de nuestros actos.

La Constitución de 1978, en su artículo 23 dice que los españoles tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes. Existe legislación en el Estatuto Básico del Empleado Público, donde se regula la selección de personal al servicio de las Administraciones Públicas.

Existe jurisprudencia en torno a los derechos fundamentales de acceso a la función pública en condiciones de igualdad, mérito y capacidad; nuestra Constitución es clara en ello. Está taxativamente prohibido que cualquier proceso selectivo pueda estar pensado de antemano para propiciar el acceso a favor de personas o colectivos concretos. Se evita que no se compita en igualdad de condiciones para el acceso a un puesto en la Administración.

Me parece razonable que se limite el número de personal interino pero estaría bien saber cuántas personas trabajan en ayuntamientos, cabildos, gobiernos autónomos, hospitales, colegios, etc. que lo hacen “digitalmente”. ¿No refuerza esta situación las redes clientelares? Bueno, qué se puede esperar en un país de puertas giratorias para los altos cargos. –Confucio.

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