Asuntos internos

Al parecer, la aprobación de una nueva ley de Enjuiciamiento Criminal ha sido siempre la gran asignatura pendiente de la democracia española. En esta nueva legislatura, el ministro de justicia, Juan Carlos Campos, se había comprometido firmemente a intentar llevarla finalmente a cabo, pero la fuerza mayor que obligaba a resolver primero los problemas planteados por la pandemia sufrida, ha pospuesto su presentación para algo más adelante.

Sin embargo, resulta muy probable que el caso Marlaska complique ahora notablemente este objetivo tan acariciado por el PSOE, porque cualquier modificación que se proponga sobre el papel a jugar en el futuro por la Policía Judicial, nacerá visiblemente afectado por las sospechas de injerencia y manipulación derivadas de los últimos acontecimientos acaecidos entre el ministro del Interior y los altos mandos de la Guardia Civil y que ya todos tan bien conocemos.

La gente de a pie no cesa de preguntarse: ¿Cómo es posible que un coronel de la Guardia Civil, dependiente a su vez del Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pueda estar llevando al mismo tiempo una ardua investigación a instancias de una jueza contra los propios intereses del Gobierno al que pertenece el mismo ministro al que se supone le debe obediencia el señor Diego Pérez de los Cobos?

Da la impresión de que la Guardia Civil ejerciera además las funciones de Asuntos Internos en el seno Gobierno, independientemente de que los miembros del Instituto Armado, estuvieran sujetos a la arbitrariedad de la acusación particular para quien la jueza inicia el procedimiento.

En cualquier caso, se supone que la plena independencia de los tres poderes del Estado se encuentra perfectamente establecida en el marco de la Constitución española y, por tanto, garantiza el estado democrático al que pertenecemos. Independientemente de esta sólida cuestión, también se sabe que la policía judicial española se encuentra representada por el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, quienes en sus respectivas estructuras cuentan con unidades orgánicas de policía judicial para intervenir en casos como el llevado a cabo por el coronel Diego Pérez de los Cobos y al que, -por una supuesta omisión de advertencia al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre los pormenores del informe en relación a la investigación-, habría sido cesado de su empleo de manera fulminante. Investigación llevada a cabo ante la supuesta negligencia del delegado del Gobierno en Madrid al permitir la marcha feminista del 8 de Marzo y contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

¿La propuesta de una nueva ley de Enjuiciamiento Criminal terminaría con esta suerte de solapamiento de injerencias por razones técnicas en las que un mismo actor pudiera estar a la vez trabajando en una causa contra el Gobierno y al propio tiempo estar llevando a cabo una misión en favor del Ministerio del Interior del que es subsidiario?

No parece probable que la experiencia del ministro Marlaska le haya llevado a cometer un error tan grave sin que haya podido haber tenido previstas las consecuencias de su drástica decisión. Si la justicia resulta tan independiente como se anuncia, es de suponer que, conforme a derecho, podrá instruírsele una causa penal. En caso de no ser así, habríamos de admitir que su tan reprobada decisión también se tendría que haber  ajustado a derecho.

zoilolobo@gmail.com

Licenciado en Historia y Bellas Artes

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