domingo, septiembre 25, 2022
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Igualdad y legalidad

El cumplimiento de las leyes es exigible en todos los aspectos y situaciones en todo Estado de Derecho que realmente lo sea. En España y en otros países el fraude y el incumplimiento de lo establecido legalmente se produce y es absolutamente necesario ponerle freno e impedirlo, con los medios que sean precisos y suficientes.

Por ejemplo, la igualdad salarial y laboral de las mujeres y los hombres debe cumplirse siempre. En este sentido, es evidente que las autoridades políticas españolas deben tomar más medidas para que esto se siga produciendo. La brecha salarial entre los dos géneros es absolutamente injusta e inaceptable.

En las empresas públicas existe, de forma general, un control más estricto, pero en el ámbito de las empresas privadas no siempre se respetan las leyes. En este orden de cosas se puede afirmar que hay empresas que no pagan la Seguridad Social desde el primer día a sus trabajadores, aunque es obligatorio hacerlo durante los días que estén trabajando.

Además, está la economía sumergida que debería ser eliminada de cualquier país, porque sería beneficioso para todos. El fraude y la explotación laboral deberían ser más perseguidas por las administraciones competentes en estas cuestiones.

El acceso a las viviendas sociales, junto con una aplicación más amplia del Ingreso Mínimo Vital a toda la población que la necesite, son otras medidas que no pueden esperar en España y en otros países. La finalidad es ofrecer una vida digna a todas las personas sin ningún tipo de exclusión o marginación, por ningún motivo. Además, el subsidio o la prestación de desempleo tendría que ser permanente y no temporal, mientras los trabajadores no encuentren trabajo, como ocurre en países más avanzados como Bélgica. Es lo justo y racional.

La eliminación del machismo es una asignatura pendiente en España y aunque se ha avanzado en la reducción del mismo en la sociedad, todavía es una tarea pendiente. Un mayor control legal de la actividad laboral es absolutamente imprescindible, con el propósito de lograr la justicia social y promover una mayor igualdad social. La igualdad ante la ley no debe ser una simple aspiración teórica, porque debe concretarse en la realidad. Las condiciones para la entrada en España de inmigrantes y refugiados deben ser las mismas, tanto para las personas que vienen de África huyendo del hambre o de la guerra y la pobreza, como para los ucranianos que escapan de la invasión de su país.

En España hay muchos pueblos deshabitados que pueden ser impulsados y volver a la vida con los refugiados ucranios, por ejemplo, ya que pueden dedicarse a cosechar, a sembrar o a vivir del campo y de la ganadería o incluso de la artesanía o de otras profesiones o actividades. De esta forma, se repoblaría el territorio español y crecería la riqueza, aumentando la prosperidad para todos.

Una redistribución, en una parte de la economía nacional, de una manera   justa y equitativa es una de las mejores formas de impulsar el bien común y también de incrementar las oportunidades para todos.

Los impuestos pueden utilizarse para mejorar el nivel de vida de los más desfavorecidos y para compensar las grandes desigualdades existentes, por causa del capitalismo neoliberal salvaje, en el que estamos instalados en el mundo occidental.

El apoyo de los Gobiernos a los ciudadanos no debe quedarse en las simples palabras, puesto que debe manifestarse o sustanciarse en realidades o en medidas económicas concretas y reales que garanticen   una vida digna y también la suficiencia económica para todos los ciudadanos. Algo también afirmado en la Constitución española.

Estamos asistiendo a un cambio de época. Algunos países no cumplen con lo establecido en el Derecho Internacional. Esto supone para los Gobiernos de los estados occidentales democráticos nuevos retos de una magnitud y dimensiones nunca vistas hasta ahora.

Se requiere mucha valentía por parte de todos, para salir del atolladero en el que está Europa, por causa de la invasión de Ucrania, que es un país libre y soberano. No se debe relativizar la situación de guerra que se está viviendo en Europa, ya que nos jugamos el futuro del mundo.

Hay momentos en la Historia que es necesario arriesgarse, de modo total, por la vida y el bienestar de cientos de millones de personas y por la estabilidad mundial. Si, en adelante, impera la fuerza de las armas en vez de la razón y el Derecho estamos perdidos, porque   lo que sucederá es que dominará la dictadura y la falta absoluta de libertad. Esto, sin duda, es inadmisible.

José M. López García

Doctor en Filosofía por la UNED

Licenciado en Ciencias de la Educación por la UNED

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