Es bastante probable que el señor Puigdemont haya creído ser el más listo de la clase. En todo caso cabría decir el más listo de los de su clase; de los de su clase política en Cataluña porque al resto del estado no se le escapa el detalle de que lo que trata de salvar el huido de la justicia española, con su decisión de presentarse como eurodiputado por el PDdeCAT, es su propio pellejo, mientras sí que resulta más que probable que el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, sí conseguiría su propósito si el juez del Tribunal Supremo que lo juzga le permitiera salir de prisión a tal efecto y recoger su acta correspondiente para representar a su partido en el Parlamento Europeo. En esto le lleva ventaja Junqueras.
De modo que si el señor Puigdemont pretende en el Parlamento Europeo internacionalizar, como parece ser su compromiso, el conflicto catalán con el estado español, antes tendría que regresar a España para tratar de retirar su acta de diputado y en consecuencia podría por fin ser apresado por las autoridades españolas por los distintos delitos que se le pudieran imputar.
En tal sentido, los especialistas en derecho constitucional barajan ahora dos distintas hipótesis:
Primera: si existe la posibilidad jurídica de que Puigdemont pueda recibir su acta sin necesidad de presentarse en España.
Segunda: si en caso de que decida presentarse pueda ser detenido para ser juzgado por su responsabilidad en los hechos que ya todos conocemos.
De cualquier forma resulta más que evidente las diferencias existentes entre PDeCAT y Esquerra Republicana a la hora de abordar el problema y en la de llevar a cabo el destino común para Cataluña que se han impuesto unos y otros. Mientras que el sector más duro, entre ellos el PDeCAT, aboga por una solución más enérgica y conflictiva, Esquerra Republicana, sin proponer a priori una fecha límite, cree sin embargo, en una solución política basada en la diplomacia y en el diálogo mutuo y continuo con el gobierno de la nación.
Ante la proximidad de las elecciones generales y a requerimiento de la Junta Electoral Central se obliga en el ámbito de Cataluña a retirar de todos los edificios oficiales, tanto la enorme profusión de esteladas así como de lazos amarillos, en previsión de la ley que prohíbe tal proceder y a la que el presidente Torra se ha negado amparándose no sólo en el argumento que permite el derecho fundamental a la libertad de expresión sino, además, en la dificultad legal que entraña llevarla a cabo alegando en su favor que muchos de esos edificios no se encuentran amparados por la Generalitat.
No cabe duda de que después de escuchar sus pertinentes alegaciones, podría afirmarse, sin lugar a dudas, que el señor Torra podría ser perfectamente el segundo más listo de la clase en toda Cataluña.
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