Continúan sucediéndose los distintos episodios de índole política en España sin que sepamos a ciencia cierta qué postura tomar frente a los inconvenientes que se desprenden de unos medios de comunicación con intereses concretos que convierten su experiencia periodística en pingües beneficios sin que nosotros, los receptores diarios, podamos hacer absolutamente nada para evitarlos además de intentar no llamarnos a engaño permanentemente.
Si acudimos a las llamadas Redes Sociales, la confusión se incrementa de manera alarmante merced a una falta de regulación que, por otra parte y según muchos, garantizaría la libertad de expresión de la que todo el mundo pretende disfrutar a su libre albedrío en nombre del honor a la verdad.
Toda ésta diversidad informativa se monta sobre verdades infundadas cuando no en mentiras recicladas que convenientemente estructuradas alcanzan al lector en pleno rostro con el riesgo inmediato de resultar inconsciente como resultado de una avalancha de amarillas páginas de sucesos de carácter político del todo indescifrables o de difícil comprensión.
Por resumir ya ni siquiera sé cuántos documentos de identidad corresponden por persona en éste país. Al parecer, es una nueva iniciativa puesta en práctica por el señor Peinado desde hace ya unos años y que le ha dado buenos resultados en la compra de inmuebles o propiedades.
Pero no sólo yo; la Armada Española, —a petición de algunos miembros del PP y periodistas a sueldo—, se niega en redondo, como no puede ser de otra manera, a aceptar el compromiso de abordar a cualquier cayuco que avisten entre las costas de África y las Islas Canarias, basándose simplemente en una vieja conocida Ley del Mar por la que todo marino se compromete a prestar ayuda inmediata a cualquiera que lo necesite y corra peligro de naufragio. Admito que, de alguna manera, tendría que regularse este flujo migratorio por la vía diplomática, pero jamás con un despliegue de carácter bélico por parte de la Armada.
Los escrachers profesionales puestos a disposición de la extrema derecha andan a la greña ya no sólo contra el colectivo LGTBY —al que acusan de ser culpable de su propia condición, sino que, además, por esa misma causa son agredidos físicamente, incluso en sus lugares de trabajo— sino también contra aquellos otros jóvenes políticos de izquierdas que han sufrido en sus propios domicilios asedios de muchos meses y a los que los jueces no han considerado como víctimas a pesar de la persecución sufrida también por sus hijos menores.
Miguel Frontera y Alberto Pugilato, encabezan el Ranking de agresiones verbales y físicas de éste último mes sin que puedan gozar de la sombra que podría proporcionarles el patio de la prisión más próxima y todo ello por culpa de los jueces que les han dejado en libertad; ni siquiera con-di-cio-nal.
zoilolobo@gmail.com
Licenciado en Historia del Arte y Bellas Artes