Hubo un tiempo en que la distancia entre quienes gobernaban y quienes eran gobernados parecía formar parte del orden natural de las cosas. Los monarcas absolutos habitaban palacios, disponían de servidores, disfrutaban de rentas y privilegios y estaban rodeados de una corte que hacía posible una vida extraordinariamente alejada de la de la mayoría de sus súbditos. Aquella desigualdad no necesitaba demasiadas explicaciones: el poder se heredaba y los privilegios venían incorporados al nacimiento.
Las democracias modernas nacieron, entre otras razones, para romper con esa lógica. El gobernante dejó de ser propietario del poder y pasó a ser un representante temporal de la ciudadanía. El cargo público debía entenderse como un servicio y no como una condición privilegiada. Sin embargo, siglos después de la desaparición de las monarquías absolutistas, resulta legítimo preguntarse si algunas prácticas de la política contemporánea no han creado una especie de nueva corte, esta vez elegida en las urnas.
La diferencia fundamental es evidente; un político democrático no es un monarca. Está sometido a elecciones, leyes, controles institucionales, tribunales, parlamentos y medios de comunicación. Pero que el sistema político sea democrático no significa que todos los comportamientos asociados al poder sean necesariamente ejemplares.
El problema aparece cuando determinados cargos públicos comienzan a disfrutar de un nivel de privilegios, protección, comodidades y oportunidades que los separa considerablemente de la realidad cotidiana de los ciudadanos a los que representan.
Vehículos oficiales, escoltas cuando están justificadas, residencias o viajes vinculados al cargo, dietas, asesores, estructuras administrativas, restaurantes de representación, tratamientos protocolarios y otras prerrogativas pueden tener una explicación funcional. Gobernar un Estado o una gran institución exige recursos y medios.
La cuestión crítica comienza en otro punto: ¿dónde termina lo necesario para ejercer una responsabilidad pública y dónde empieza el privilegio personal?
Criticar los privilegios políticos no significa defender que quienes ocupan responsabilidades públicas deban vivir en condiciones precarias. Un ministro, un presidente o un parlamentario pueden necesitar seguridad, desplazamientos, personal técnico y determinadas condiciones materiales para desempeñar correctamente su función.
El problema surge cuando la distancia entre gobernantes y gobernados se convierte en una experiencia cotidiana.
Para una persona que tiene dificultades para pagar el alquiler, afrontar una hipoteca, llenar la cesta de la compra o llegar a final de mes, contemplar determinadas comodidades asociadas al poder puede generar una pregunta incómoda: ¿quienes toman las decisiones conocen realmente las consecuencias de esas decisiones?
La cuestión no es exigir pobreza a quien gobierna. Es exigir proporción, transparencia y responsabilidad.
Un cargo público no debería convertirse en una puerta de entrada a un modo de vida que resulte completamente inaccesible para la ciudadanía a la que representa.
Las antiguas élites disponían de títulos y privilegios porque pertenecían a una determinada clase social. En la política moderna puede aparecer otra forma de élite, la de personas que desarrollan buena parte de su trayectoria profesional dentro de las estructuras partidistas e institucionales y que terminan formando parte de un mundo político con sus propios códigos, relaciones y ventajas.
Cuando el cargo público deja de percibirse como una responsabilidad temporal y comienza a funcionar como una carrera permanente, aparece el riesgo de que el poder se convierta en una profesión separada de la sociedad.
La democracia no debería consistir únicamente en votar cada cierto número de años. También implica que quienes administran recursos públicos puedan explicar cómo los utilizan y por qué determinadas ventajas son necesarias. Porque el dinero público no es dinero del político. Tampoco pertenece al partido. Es dinero de la sociedad.
Un político no tiene por qué vivir como un ciudadano cualquiera durante el ejercicio de sus funciones. Hay responsabilidades que requieren condiciones especiales. Pero sí debería existir una diferencia fundamental entre tener los medios necesarios para ejercer el poder y disfrutar del poder como privilegio personal. La primera situación puede ser una necesidad institucional. La segunda es una cuestión política y moral que merece escrutinio.
No necesitamos políticos que vivan como reyes. Necesitamos instituciones en las que ningún gobernante pueda olvidar que su posición no le pertenece.
El poder es temporal. El dinero es público. El cargo es una responsabilidad. Y los privilegios, cuando existen, deben tener siempre una razón que pueda explicarse a quienes los pagan…pero vete y díselo para que te responda con su soberbia habitual. –Confucio.
