Hay que reconocer que ayer, en la Comisión de Reconstrucción en el Congreso, Pablo Iglesias pudo haber pecado esta vez de excesivo atrevimiento por su parte contra Iván Espinosa de los Monteros, al insinuarle abiertamente que a su partido, Vox, “le gustaría dar un golpe de estado, pero no se atreve”.
Con esta frase tan contundente y aparentemente fuera de lugar y ajena a lo que se discutía en ese momento en el Congreso, Iglesias ha querido dejar claro que esa defensa a ultranza que Vox hace constantemente en favor de la Guardia Civil, es muy sospechosa de poder convertirse, en el peor de los casos, en una alianza dispuesta a tolerar un golpe de estado como el pretendido en su día por el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero Molina, de infausto recuerdo para nuestra recién estrenada democracia.
Vox por sí mismo, como partido, carece de la capacidad necesaria como para llevar a cabo un golpe de estado en España. De lo que si pudiera ser capaz de hacer, es apoyarlo condicionalmente, siempre y cuando le ofrezcan a cambio conseguir formar parte del gobierno de esa supuesta nueva dictadura en el poder. Sin embargo, no basta para ello sólo con la colaboración armada de la Guardia Civil, sino, además, con la participación del grueso del ejército, cosa que parece mucho menos probable a simple vista. Aunque todo parece imprevisible en momentos tan delicados como este.
Es por eso que Iglesias intenta, a su manera, mantener a raya a la oposición en general, pero en particular a los representantes de Vox, quienes ya han dado suficientes muestras de belicosidad como para creer en ellos a pies juntillas y arriesgarse a que le sorprendan con la guardia baja cualquier día de muy mala fortuna para Podemos.
No se debe ignorar con que disciplina los dirigentes de Vox mueven las fichas de esta partida multitudinaria, instando, entre otras muchas cosas, a la acusación particular a solicitar de la juez Carmen Rodríguez Medel a abrir una causa por negligencia contra los supuestos responsables de la celebración del 8-M en Madrid. Supuestos responsables que forman parte del trío compuesto por José Manuel Francio Pardo, delegado del Gobierno en Madrid, el ministro de sanidad, Salvador Illa y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el incombustible Fernando Simón.
La abogacía del Estado ya se ha pronunciado en favor del cúmulo de exculpaciones halladas en las decisiones tomadas por los presuntos responsables, según se desprendía del análisis efectuado por la juez a instancias de los débiles y fraudulentos informes elaborados por los miembros de la guardia civil involucrados en el caso. Tras esas exculpaciones, la abogacía del Estado ha terminado por desacreditar los informes del instituto armado, acusándoles de “deslizar sospechas y suspicacias”, además de “no analizar evidencias científicas”.
De tal manera que ante acontecimientos de esta naturaleza tan sospechosa, parece normal que no parezca nada baladí las insinuaciones de Pablo Iglesias a Iván Espinosa de los Monteros al aconsejarle, además, que cierre la puerta al salir.
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Licenciado en Historia y Bellas Artes
