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El Ejecutivo ha recibido un duro golpe político y económico a manos del sector aéreo
En apenas unos días, una de las principales aerolíneas europeas y la Comisión Europea han puesto en jaque la política de transportes y consumo del país. La primera anunció la retirada de más de un millón de asientos a partir de 2026, lo que supondrá una pérdida de ingresos en tasas aeroportuarias, mientras Bruselas abría un expediente sancionador por las multas impuestas a las compañías por cobrar el equipaje de mano. En conjunto, un revés económico y reputacional que evidencia la falta de coordinación dentro del Gobierno.
Lejos de actuar con una estrategia unificada, los ministerios implicados han mostrado una gestión errática y marcada por los enfrentamientos internos. El titular de Transportes se opuso en su momento a sancionar a las aerolíneas de bajo coste, lo que generó un fuerte choque con el área de Consumo y con los sectores más intervencionistas de la coalición. Finalmente cedió ante la presión política, una decisión que hoy se revela costosa. Bruselas ha dado la razón a las compañías y ha dejado en evidencia al Ejecutivo ante Europa.
El segundo frente abierto proviene del aumento de las tasas aeroportuarias. Pese a las advertencias de que encarecería las operaciones en España, el gestor aeroportuario, con el beneplácito del Ministerio de Transportes, aprobó un incremento progresivo a partir de 2026. El cambio resulta difícil de explicar, ya que el propio ministerio había criticado anteriormente este modelo por ineficaz, pero terminó respaldándolo. El resultado es claro; la principal aerolínea de bajo coste ha retirado miles de plazas y amenaza con seguir reduciendo su presencia en los aeropuertos regionales.
La crisis por el equipaje de mano era igualmente previsible. Informes jurídicos previos ya advertían de que, si las aerolíneas informaban correctamente a los pasajeros, no podían ser sancionadas. Sin embargo, el área de Consumo ignoró esos dictámenes y emprendió una ofensiva regulatoria que ahora queda desautorizada por la Comisión Europea. El resultado es una pérdida de credibilidad institucional y la posibilidad de que el Estado deje de recaudar una cantidad significativa en sanciones.
Mientras tanto, el gestor aeroportuario ha sido criticado por su estrategia de priorizar los grandes aeropuertos en detrimento de los regionales. Las compañías reclaman una reducción de tasas en los aeropuertos pequeños para mantener rutas esenciales, pero la empresa pública ha rechazado esas peticiones. Tras la retirada de vuelos, su respuesta ha sido acusar a las aerolíneas de “chantaje”, un gesto que transmite más frustración que autoridad.
Ante la magnitud del problema, el Gobierno intenta minimizar el daño político con mensajes optimistas. Ha difundido datos sobre nuevas rutas y aumentos de capacidad por parte de otras aerolíneas, pero esas cifras esconden una realidad menos favorable: los vuelos se están concentrando en los grandes aeropuertos, dejando a las regiones sin conectividad y sin una política clara de equilibrio territorial.
El conflicto ha llegado también a las instituciones europeas. Representantes comunitarios se han reunido tanto con ejecutivos de las aerolíneas como con miembros del Gobierno, en un intento de aclarar la legalidad de las medidas adoptadas. Por su parte, el gestor aeroportuario se ha desvinculado del tema del equipaje de mano, alegando que no es competente en esa materia.
Todo este episodio refleja una crisis de gestión y liderazgo en el sector aéreo español. Mientras la empresa pública impone su agenda económica, las aerolíneas marcan el ritmo del mercado y Bruselas corrige los excesos regulatorios, el Gobierno observa dividido y sin una estrategia coherente para proteger los intereses nacionales. La falta de coordinación entre ministerios y la ausencia de una política integral amenazan con deteriorar la competitividad del sistema aeroportuario y la conectividad del país.
En un contexto global donde el transporte aéreo es clave para el turismo, la economía y la cohesión territorial, la gestión del cielo español se ha convertido en un símbolo de la desorganización política interna. La pérdida de asientos, las sanciones europeas y el conflicto con las aerolíneas son síntomas de un problema más profundo: la falta de liderazgo y de visión estratégica para garantizar un modelo aéreo sostenible, equilibrado y competitivo.
