El 31 de marzo de 2024, en nuestra colaboración habitual con La Razón, publicamos un artículo que se titulaba “Sanitario, profesión de riesgo”. Ha pasado más de un año y en dicho artículo divulgativo ya adelantamos la gravedad del problema y que había que tomar medidas (mañana es tarde).
Tristemente, hoy hay cientos de agresiones diarias a sanitarios y de las propuestas que habíamos hecho, y que, por cierto, eran de coste cero y siguen siéndolo, no se ha tomado ninguna para poder paliar esta “epidemia”. Aplicar al sanitario la condición de “autoridad” hubiera sido y es una medida importantísima en su ejecución como en su momento se hizo con el colectivo de los profesores.
Partimos de un principio básico como son los datos publicados por el Observatorio Nacional de Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC), que en 2024 registró más de 9.000 incidentes de este tipo.
Este tipo de incidentes se encuentran englobados dentro de la definición de violencia en el trabajo que dio la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2002: “Todo aquel incidente en el que la persona es objeto de malos tratos, amenazas o ataques en circunstancias relacionadas con su trabajo”. incluyendo el trayecto entre el domicilio particular y su lugar de trabajo y que pongan en peligro, explícita o implícitamente su seguridad, bienestar o salud”.
Recordar que nosotros como senador participamos en el pleno del Senado del año 2012 donde aprobamos una moción que instaba al Gobierno a establecer los mecanismos de información que reforzasen la figura del profesional sanitario como autoridad en su trabajo. Por tal motivo, la Ley Orgánica 1/2025 de 30 de marzo modifica la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del Código Penal, que lleva a cabo la reforma sugerida en donde se amplían las categorías profesionales protegidas como autoridad pública a los funcionarios y docentes, cosa que no se ha divulgado de forma suficiente ni entre los sanitarios ni entre la población, por lo que el número de agresiones sigue ascendiendo, lo que supone casi el 12% respecto al año anterior. El 63% de los profesionales agredidos fueron mujeres y, en la mayoría de los casos, los ataques se produjeron en atención primaria y en urgencias, evidentemente donde la presión asistencial y las esperas prolongadas son más intensas y además el déficit de profesionales se pone de manifiesto. Los insultos, amenazas y descalificaciones constituyen la mayoría de los ataques (el 80%) aunque también hay agresiones físicas evidentes. Algunos médicos han sufrido golpes, empujones, agresiones, etc. e incluso intentos de estrangulamiento.
Antes, la consulta médica era un espacio de respeto, ahora a veces entran los “rabia acumulada”, producto de varias circunstancias organizativas y de información que son evitables.
A esto se suma, y no hay que obviarlo, el efecto multiplicador y amplificador de las redes sociales, donde los discursos de desconfianza hacia la medicina y las vacunas han erosionado la autoridad imprescindible del personal sanitario.
Un aspecto a tener en cuenta son las consecuencias invisibles de estas agresiones, que no solo dejan secuelas físicas sino también psicológicas, por lo que muchos médicos (sanitarios) desarrollan, ansiedad, insomnio o miedo a volver a la consulta o al hospital. Algunos cambian de centro y otros incluso dejan la profesión. Estudios sindicales sobre las agresiones sanitarias revelan que el 42% de los facultativos agredidos no reciben apoyo psicológico ni asesoramiento legal, pese a que la ley ya reconoce estas agresiones como delito de atentado contra la autoridad, con penas de hasta cuatro años de prisión.
“Después de una agresión, nadie te enseña a volver a mirar a un paciente sin miedo”, confesaba una médica de urgencias que pidió anonimato y decía: “nos piden empatía, pero nosotros también necesitamos que nos cuiden”. Es evidente que esto es un problema de todos y hay que poner a funcionar y medir protocolos de prevención con ítems de alarma en consulta, cámaras de seguridad y formación en comunicación y manejo de conflictos.
Los profesionales denunciamos que las medidas actuales son insuficientes y que el problema requiere una respuesta social más amplia. Las campañas de sensibilización como “#stop agresiones” o “cuidar a quien te cuida”, buscan concienciar a la ciudadanía y visibilizar el impacto de la violencia en los centros de salud.
Los expertos insisten en que no basta con “castigar”, es necesario reconstruir el vínculo entre médico y paciente.
La creación de una “cultura del respeto” es imprescindible ya que la relación humana, en la escucha y en la empatía, son básicas para el acto médico. Proteger a los sanitarios no es solo una cuestión laboral, es una exigencia ética y social que el Ministerio de Sanidad actual y los anteriores (6-7 años), no han realizado.
Como hemos dicho en varias ocasiones y seguiremos diciendo hasta que se corrija, y se llame Ministerio de la Salud y no sea una “lanzadera” política, esta institución debe de tomar medidas sin localismos creando una “estrategia nacional” contra las agresiones a sanitarios, fomentando áreas específicas de: información y, sobre todo apoyo y respuesta, donde se facilite la aplicación telefónica Alertcops. En definitiva, no podemos ni debemos permitir que los profesionales sanitarios sigan “sufriendo” directamente muchas incompetencias del Ministerio de Sanidad que repercuten directamente en el acto médico y que no tienen ninguna justificación.
La problemática en la Sanidad española no está centrada en los sanitarios (alto nivel profesional) sino en la organización sanitaria que se está propiciando en los últimos siete años desde el Ministerio de Sanidad. No se puede hacer política partidaria con la sanidad sino política sanitaria que es un tema técnico, no ideológico. Basta ya.
Prof. Antonio Alarcó Hernández
Catedrático de Cirugía.
Presidente de la Cátedra de Telemedicina, Robótica y Telecirugía de la ULL.
Doctor en Ciencia de la Información y Sociología.
Exsenador y Portavoz de Sanidad.
