En 2025 se cumplen cincuenta años del inicio de la monarquía parlamentaria en España, un periodo que coincide con la etapa más larga de estabilidad democrática de la historia reciente del país. Tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975, Juan Carlos I asumió la Jefatura del Estado con el compromiso de conducir a España hacia un sistema democrático. La Ley para la Reforma Política de 1976 y, finalmente, la Constitución de 1978 dieron forma a un modelo en el que el monarca quedaba sometido a la ley y desempeñaba un papel simbólico y moderador, dejando el poder político real en manos del Parlamento y del Gobierno, al estilo de otras democracias europeas.
Cinco décadas después, puede afirmarse que aquel diseño permitió una transición pacífica desde un régimen autoritario hacia un Estado de derecho moderno. En este proceso, tanto las formaciones con sentido de estado, tanto de derechas como de izquierdas, quienes se sienten monárquicos o quienes se definen republicanos, reconocen —incluso cuando lo hacen desde posiciones críticas— que el nuevo marco institucional fue determinante para neutralizar definitivamente los rescoldos de la dictadura y garantizar libertades hoy plenamente asumidas, en especial la libertad de expresión y el pluralismo político. Este consenso transversal fue, y sigue siendo, uno de los pilares más sólidos del periodo democrático.
A lo largo de estas cinco décadas, España ha vivido una profunda transformación. La democracia se consolidó mediante elecciones libres y alternancia política, y la integración en la Comunidad Económica Europea en 1986 situó al país en el corazón del proyecto europeo. El Estado autonómico redefinió la estructura territorial, generando una pluralidad que, lejos de debilitar al Estado, lo diversificó y modernizó. En este entramado institucional la monarquía actuó como símbolo de continuidad, aunque también se vio sometida a tensiones propias de un país plural y con identidades diversas.
La institución vivió además momentos clave. La intervención de Juan Carlos I frente al golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 reforzó su legitimidad en los primeros años de la democracia. Sin embargo, décadas más tarde, diversos escándalos ligados a su figura deterioraron su prestigio y acabaron precipitando su abdicación en 2014. Con la llegada de Felipe VI comenzó una etapa marcada por la búsqueda de mayor transparencia, por la separación clara de responsabilidades y por la voluntad de ejemplaridad institucional. Su papel durante la crisis catalana de 2017 generó tanto apoyo como crítica, reflejo de una sociedad crecientemente plural y exigente.
Hoy, el debate sobre el futuro de la monarquía parlamentaria sigue vigente. Hay quienes destacan su papel neutral y estabilizador, y quienes consideran que debería revisarse mediante un referéndum. Pero incluso entre los defensores de la república y los sectores más críticos, existe un reconocimiento generalizado de que la etapa abierta en 1975 fue decisiva para asegurar la libertad de pensamiento, la libertad de prensa y la posibilidad de disentir sin miedo, condiciones fundamentales que antes no existían. Es una herencia colectiva que trasciende ideologías. Solo quienes desprecian los valores democráticos y se inspiran en modelos ajenos a las libertades —regímenes totalitarios o autoritarios de distinto signo— tienden a negar los avances que la transición hizo posibles.
El balance de estos cincuenta años muestra que la monarquía parlamentaria ha sido un marco eficaz para el desarrollo democrático y social del país. Su continuidad dependerá, como cualquier institución en democracia, de su capacidad para representar a una ciudadanía diversa y adaptarse a las exigencias éticas y políticas del presente. Pero lo que parece indiscutible es que el sistema nacido en 1978 hizo posible la convivencia pacífica, la pluralidad ideológica y la libertad de expresión que hoy todos —desde la derecha hasta la izquierda, desde monárquicos hasta republicanos— consideran conquistas irrenunciables.
