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Ejecuciones, presos políticos y exilio. ¿Por qué hay personas que todavía justifican a los bolivarianos?
Defender lo que ocurre en Venezuela implica una grave irresponsabilidad moral, porque no se puede justificar la muerte sistemática de civiles, la persecución política ni el exilio forzado de millones bajo el pretexto de ideologías, soberanía o supuestas conspiraciones externas. Quienes minimizan o niegan estas violaciones no solo ignoran a las víctimas, sino que normalizan la represión y contribuyen a la impunidad, convirtiéndose en cómplices discursivos de un aparato de poder que ha destruido vidas, familias e instituciones. No es una diferencia de opiniones; es la negación del sufrimiento humano documentado y la renuncia consciente a los principios más básicos de los derechos humanos.
La situación de los derechos humanos en Venezuela continúa siendo motivo de preocupación nacional e internacional. Aunque el Estado venezolano no publica estadísticas oficiales completas y verificables sobre ejecuciones extrajudiciales, presos políticos o exiliados, organizaciones independientes de derechos humanos y organismos internacionales han documentado durante más de una década un patrón sostenido de represión política, detenciones arbitrarias y migración forzada.
Uno de los aspectos más graves es el uso letal de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad del Estado. De acuerdo con registros consolidados por organizaciones venezolanas e internacionales, desde el año 2013 se han documentado más de 10.000 muertes causadas por fuerzas policiales o militares en operativos de seguridad. Muchas de estas muertes han sido catalogadas como presuntas ejecuciones extrajudiciales, ya que ocurrieron en contextos de operativos policiales presentados oficialmente como “enfrentamientos”, pero sin investigaciones independientes, con patrones repetidos de uso excesivo de la fuerza y criminalización de las víctimas. Solo en 2024, organizaciones como Provea documentaron más de 500 personas fallecidas a manos de agentes del orden en todo el país.
La represión también se expresa de forma sistemática a través de la persecución judicial y la privación de libertad por razones políticas. Según el balance más reciente de la organización Foro Penal, para finales del primer trimestre de 2025 se registraban aproximadamente 900 presos políticos en Venezuela. Entre ellos se encuentran civiles, militares retirados y activos, mujeres, y al menos algunos adolescentes. Estas detenciones suelen estar relacionadas con protestas, opiniones críticas al gobierno, participación política o presuntos vínculos con la oposición. Las cifras varían constantemente debido a excarcelaciones selectivas y nuevas detenciones, pero las organizaciones coinciden en que el número de presos políticos se mantiene de forma sostenida entre 800 y 900 personas.
Además de quienes permanecen encarcelados, más de siete millones de venezolanos han optado por el exilio como única vía para proteger su libertad o su vida. Venezuela enfrenta una de las mayores crisis migratorias del mundo. De acuerdo con datos de organismos internacionales, se apróximan ya a los ocho millones de venezolanos lo que han abandonado el país en los últimos años. Si bien este número incluye a personas que migraron por razones económicas, una parte significativa corresponde a migración forzada vinculada a persecución política, inseguridad, amenazas, inhabilitaciones, hostigamiento judicial y violaciones de derechos humanos.
La falta de datos oficiales transparentes ha sido una constante denunciada por la comunidad internacional. Informes de Naciones Unidas, Human Rights Watch y Freedom House han señalado reiteradamente que el Estado venezolano no garantiza mecanismos independientes de rendición de cuentas, ni investigaciones efectivas sobre abusos cometidos por fuerzas de seguridad o el sistema judicial. Esta opacidad obliga a que las cifras disponibles provengan principalmente de organizaciones no gubernamentales, defensores de derechos humanos y misiones internacionales de verificación.
En conjunto, los datos sobre ejecuciones extrajudiciales, presos políticos y exilio reflejan una crisis estructural que trasciende coyunturas electorales o conflictos puntuales. Se trata de un problema sostenido en el tiempo que afecta derechos fundamentales como la vida, la libertad personal, el debido proceso y la libertad de expresión, y que continúa siendo uno de los principales desafíos para el futuro democrático de Venezuela. –Confucio.
Fuentes Consultadas:
– Foro Penal, balances oficiales de presos políticos (2024–2025)
– PROVEA, Informes Anuales de Derechos Humanos
– Freedom House, Freedom in the World
– Human Rights Watch, Informes sobre Venezuela
– Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
– Reuters y Swissinfo, reportes sobre detenciones políticas y liberaciones
– ACNUR y organismos de Naciones Unidas sobre migración venezolana
