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La mayoría de la clase política ya están anillados con el pin multicolor
La Agenda 2030 puede convertirse en una estructura de ingeniería social de la que no somos verdaderamente conscientes. Bajo el colorido paraguas de “sostenibilidad” y “justicia global”, se están estudiando e implementando objetivos globales comprometidas en erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad para todos. Sin embargo, diversas políticas derivadas de este marco han suscitado preocupaciones sobre posibles restricciones a libertades individuales y soberanía nacional.
En Europa, a partir de 2030, habrá una regulación sobre la propiedad privada. Será obligatorio que las viviendas cumplan con estrictos estándares de eficiencia energética para poder venderse o alquilarse. Esta medida, derivada de la Directiva europea de eficiencia energética, limita el derecho de los propietarios a disponer libremente de sus bienes si no realizan costosas reformas. Más del 80% de las viviendas actuales no cumplen con estos requisitos, lo que podría convertir su venta en una imposibilidad práctica sin una importante inversión previa.
La movilidad personal también se enfrenta a restricciones crecientes. Zonas de bajas emisiones, prohibiciones a vehículos contaminantes, limitaciones a vuelos cortos y peajes urbanos buscan reducir la huella ambiental, pero también condicionan cómo, cuándo y con qué medios podemos desplazarnos, afectando a nuestra libertad de movimientos, especialmente para quienes dependen del transporte tradicional.
En el ámbito alimentario, aunque todavía no son obligatorias, diversas instituciones promueven cambios culturales para reducir el consumo de carne y fomentar dietas más “sostenibles” que no son necesariamente “más saludables”. Estas políticas ya se están implementando en menús escolares y establecimientos tutelados por los gobiernos; en ellos se están orientando las elecciones individuales hacia un modelo que no todos desean ni aceptan.
Otro foco de atención es la creciente digitalización y control de la huella ecológica personal. Proyectos como los “pasaportes de carbono” —en fase piloto en Europa y promovidos por organismos internacionales— abren la puerta a un futuro en que el consumo y comportamiento individual puedan ser monitorizados, regulados o limitados, lo que supone un riesgo potencial para la privacidad, autonomía personal y libertades contempladas entre otros, en nuestra Constitución.
La guinda a toda esta locura, fomentada por la ONU y respaldada, entre otros, por el Foro de Davos, es una paulatina pérdida de soberanía democrática como una realidad palpable. Aunque la Agenda 2030 no es vinculante, su aplicación condiciona la concesión de fondos internacionales, de esta forma se consigue imponer agendas a gobiernos sin un amplio debate ciudadano. Esto debilita la capacidad de los pueblos para decidir libremente sobre su futuro, subordinando las políticas nacionales a una gobernanza técnica y global.
Bajo la noble bandera de la sostenibilidad se nos viene encima un marco de restricciones severas a derechos fundamentales, un golpe al debate democrático y al respeto pleno a las libertades individuales. Podrán decir que es conspiranoico y que no se ajusta a la realidad, pueden resultar exageradas mis apreciaciones, sólo el tiempo dará o quitará razones y esperar a ver cuál es el resultado se me antoja muy pasivo.—Confucio.
