-
La crisis actual demuestra que el futuro de Ceuta y Melilla pasa por reforzar su integración europea, económica e institucional
A lo largo del último mes se han publicado centenares de artículos de opinión sobre Ceuta. Se han sucedido análisis de muy diversa índole, debates televisivos interminables y posicionamientos políticos de todos los signos. Todo el mundo parece tener una explicación cerrada para una realidad extraordinariamente compleja.
Quien firma estas líneas no pretende sentar cátedra sobre lo que está ocurriendo. Mi propósito es más modesto: compartir una reflexión nacida de una relación personal y política con Ceuta que se ha prolongado durante cuatro décadas, por lo que creo que puede ser útil rememorar algunos aspectos del pasado.
Porque sigo convencido de algo que defendí en las Cortes hace 30 años: que el futuro de Ceuta y Melilla pasa por fortalecer su vinculación con Europa y por dotarlas de instrumentos económicos e institucionales acordes con su singularidad geográfica y estratégica.
Mi primera vinculación con Ceuta se remonta a finales de los años sesenta, y fue con el uniforme militar de la llamada IPS (Instrucción Premilitar Superior). Durante mi etapa como alférez de complemento de Artillería, destinado en Cádiz, los desplazamientos a Ceuta eran frecuentes por razones de servicio. Allí pude comprobar ya entonces la riqueza y, al mismo tiempo, la complejidad que supone la convivencia cotidiana entre comunidades de diferentes creencias y tradiciones culturales.
Con el paso de los años continué mi actividad académica y política, desempeñando diversas responsabilidades institucionales y representando a la ciudadanía en el Senado y en el Congreso de los Diputados. Fue durante la VI Legislatura (1996-2000) cuando mi relación con Ceuta y Melilla adquirió una dimensión especialmente intensa: redacté y defendí en las Cortes Generales una Proposición de Ley de Régimen Económico y Fiscal para Ceuta y Melilla. Se presentó en noviembre de 1998 y su debate en el pleno de las Cortes se produjo en abril de 1999. La iniciativa puede encontrarse a través de la web del Congreso de los Diputados (30/11/1998) y los debates en el diario de sesiones del día correspondiente (20 de abril de 1999).
La iniciativa presentada, toda una proposición de ley que trabajamos concienzudamente (37 artículos, cuatro disposiciones adicionales y ocho disposiciones transitorias) no surgió de manera aislada, sino que recogía una demanda previamente formulada dos años antes por las propias ciudades autónomas, a través de sus Asambleas y que aún no había podido tener desarrollo en las Cortes.
Aquella iniciativa partía de una convicción muy clara: Ceuta y Melilla necesitaban instrumentos específicos para compensar las dificultades derivadas de su situación geográfica y de su condición de territorios españoles en el continente africano. Lo hacíamos convencidos de que ambas ciudades debían consolidar con carácter europeo diferencias históricas (son puertos francos desde 1860 –Ceuta- y 1894 – Melilla-), y alcanzar por parte de Europa un tratamiento singular que les permitiera superar sus desventajas estructurales y aprovechar plenamente su posición estratégica.
La propuesta incluía importantes bonificaciones fiscales en el IRPF y en el Impuesto sobre Sociedades, incentivos a la inversión y a la creación de empleo, ayudas al transporte, mecanismos de financiación específicos y medidas destinadas a fortalecer sus vínculos económicos con el Magreb. Pero más allá de los aspectos tributarios, la filosofía de la iniciativa era acercar a Ceuta y Melilla a un estatus comparable, en determinados ámbitos, al que Canarias había ido consolidando dentro de España y de la Unión Europea.
Nuestro propósito era convertir ambas ciudades en auténticas plataformas de conexión entre Europa y África, polos de desarrollo económico capaces de generar oportunidades, fijar población y reforzar su papel estratégico en la política mediterránea y africana de la Unión Europea.
También perseguíamos un objetivo social de enorme relevancia: favorecer la fijación de población y generar oportunidades para los jóvenes. Se trataba de ofrecer alternativas de crecimiento sostenibles que permitieran superar dinámicas económicas que durante años habían dependido de actividades informales vinculadas al tránsito fronterizo de mercancías: la economía de Ceuta dependía entonces de los porteadores y las porteadoras que cada día pasaban a sus espaldas enormes fardos de mercancías sacadas de naves de almacenamiento que después, una vez cruzada la frontera, se cargaban en camiones para distribuirse por todo Marruecos. La ausencia de un sistema aduanero que permitiera el paso de camiones generó este negocio informal del porteo, inhumano en muchos aspectos.
Recuerdo perfectamente la defensa parlamentaria de aquella iniciativa. El debate tuvo lugar en el Pleno del Congreso de los Diputados el 20 de abril de 1999. Y la proposición fue rechazada por 156 votos en contra, 127 a favor y una abstención. La mayoría del Partido Popular impidió que aquel proyecto siguiera adelante.
Quizá por eso me produce una profunda incomodidad escuchar hoy que los gobiernos progresistas o la izquierda han abandonado a Ceuta. Mi experiencia personal y política me dice precisamente lo contrario. Son muchos los responsables públicos que, a lo largo de décadas, hemos trabajado para fortalecer la posición de Ceuta y Melilla y para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.
Y por eso también seguí con especial atención la comparecencia de Pedro Sánchez este pasado jueves en el Congreso de los Diputados. Y no pude evitar recordar aquella iniciativa de 1998, y pensar lo actual que ahora me parece lo que defendimos en su momento. Porque varias de las propuestas planteadas por el presidente del Gobierno vuelven a apuntar en la dirección que ya defendíamos hace más de veinticinco años y que fueron rechazadas por los partidos ahora en la oposición.
Sánchez habló de reforzar la implicación de la Unión Europea en Ceuta y Melilla, de avanzar hacia un régimen económico y fiscal con similitudes al de Canarias, de facilitar la presencia de las ciudades autónomas en el Comité Europeo de las Regiones e incluso de explorar la posibilidad de que pudieran alcanzar en el futuro un reconocimiento similar al de las regiones ultraperiféricas (RUP) de la Unión Europea.
Se trata de propuestas de enorme relevancia política e institucional porque parten de una premisa esencial: Ceuta y Melilla no pueden ser contempladas únicamente como una frontera exterior sometida a tensión permanente, sino como territorios europeos que requieren herramientas específicas para afrontar una realidad geográfica excepcional. Exactamente esa era la filosofía que inspiraba nuestra propuesta de finales de los años noventa.
Ojalá esas medidas puedan prosperar. Porque el verdadero debate no debería consistir en quién obtiene rédito político de la situación actual, sino en cómo garantizar el futuro de dos ciudades españolas y de sus ciudadanos que constituyen, al mismo tiempo, una parte esencial de la presencia europea en África.
Por eso me resisto a interpretar la situación actual únicamente como una crisis migratoria. No es eso. Lo que estamos viendo es la utilización despiadada de seres humanos como instrumentos de estrategias políticas y geopolíticas ajenas a sus propios intereses. Y eso resulta moralmente inadmisible.
Escribo estas líneas desde Canarias, una comunidad cuya frontera no está formada por una valla, sino por un océano inmenso y con demasiada frecuencia mortal. Mientras redactaba este artículo conocíamos la noticia de una nueva tragedia en la Ruta Canaria, con al menos 80 personas fallecidas tras pasar 26 días a la deriva en el Atlántico tras haber salido de Gambia destino al Archipiélago.
Estos episodios, tanto los 140 muertos en agosto al tratar de alcanzar Ceuta como el cayuco de hace pocas horas, nos recuerdan que ninguna política basada exclusivamente en el control fronterizo resolverá el problema. Mientras persistan enormes desigualdades económicas entre Europa y África, mientras no se impulsen políticas de desarrollo sólidas en los países de origen, mientras no apostemos de verdad por generar vías seguras para la migración laboral, y mientras se ignore la dimensión humana de este fenómeno, seguiremos contemplando tragedias en la mar y escenas dramáticas en las fronteras terrestres.
Ceuta y Melilla son parte del Estado español. Nadie debería ponerlo en cuestión. Pero los desafíos que afrontan exigen también que sean más Europa, que reciban más apoyo de Bruselas y que formen parte de su visión estratégica hacia África. Ese era el objetivo de quienes hace décadas defendíamos un marco especial para las ciudades autónomas. Y todo eso sigue siendo, hoy, una necesidad tan vigente como entonces.
José Segura Clavell
Director general de Casa África
