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La planta de generación de emergencia proyectada en Los Realejos genera preocupación entre vecinos de La Cruz Santa
La posible instalación de una planta de generación eléctrica de emergencia en el entorno de La Cruz Santa, en el municipio de Los Realejos, ha generado preocupación entre residentes de la zona, que han comenzado a organizarse para expresar su rechazo a la ubicación prevista.
El proyecto, denominado oficialmente “Planta de Generación de Emergencia de 14,8 MW – Planta Tigaiga (Los Realejos)”, está promovido por Disa Generación, S.L.U. y se encuentra sometido a un procedimiento de autorización administrativa ante la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias.
Según la documentación publicada oficialmente, la instalación contempla ocho motores-generadores, con una potencia conjunta de 14,8 megavatios. El proyecto incluye asimismo dos depósitos de almacenamiento de propano, de 200 metros cúbicos de capacidad cada uno, situados en superficie.
La actuación forma parte de las medidas previstas para reforzar la capacidad de generación eléctrica de emergencia en Canarias ante posibles situaciones de insuficiencia o problemas de suministro. Este tipo de instalaciones está concebido para funcionar como apoyo al sistema eléctrico en situaciones consideradas críticas.
La principal controversia planteada por los vecinos no se centra únicamente en la existencia de la instalación, sino en su ubicación y la proximidad a zonas habitadas.
Residentes de distintos puntos del entorno han manifestado su preocupación por las posibles afecciones asociadas a una instalación de estas características, entre ellas el ruido, las emisiones atmosféricas, el tráfico asociado al suministro de combustible y los aspectos relacionados con la seguridad.
El debate ha adquirido también una dimensión municipal. El Pleno del Ayuntamiento de Los Realejos manifestó su oposición a la ubicación de la planta en las condiciones planteadas y solicitó que se estudiaran alternativas para su emplazamiento. El Ayuntamiento señaló, entre otros aspectos, la preocupación existente entre los vecinos afectados y la necesidad de valorar las características del entorno.
La oposición vecinal se ha traducido en reuniones, difusión de información y recogida de firmas. Los promotores de la movilización sostienen que una instalación de generación mediante gas debería situarse en un área industrial y suficientemente alejada de viviendas y equipamientos sensibles.
Un proyecto que continúa en tramitación
La instalación no debe considerarse, a fecha de la información disponible, como una planta ya construida o en funcionamiento.
En mayo de 2026, la Dirección General de Energía publicó un nuevo anuncio de información pública relativo a la solicitud de autorización administrativa del proyecto. El anuncio concedía un plazo de 30 días para que las personas físicas o jurídicas interesadas pudieran consultar la documentación y presentar las alegaciones que considerasen oportunas.
El expediente había sido sometido anteriormente a información pública en 2025, cuando además se solicitó la declaración de utilidad pública del proyecto.
Por tanto, el proyecto ha atravesado distintas fases administrativas y continúa siendo objeto de debate.
Desde la Administración se plantea este tipo de generación como una herramienta para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico ante situaciones de emergencia. La necesidad de disponer de generación adicional en Canarias ha sido vinculada a los problemas de cobertura de la demanda y a la necesidad de contar con potencia gestionable.
Al mismo tiempo, la tramitación de instalaciones de estas características requiere analizar cuestiones relacionadas con las emisiones, el ruido, la seguridad y los posibles efectos sobre el entorno.
En este sentido, la documentación ambiental de otros proyectos de generación de emergencia desarrollados en Canarias muestra que estos aspectos son objeto de evaluación y seguimiento mediante medidas preventivas, correctoras y programas de vigilancia ambiental.
La situación plantea, por tanto, un debate entre dos necesidades: por un lado, la necesidad de reforzar la seguridad del suministro eléctrico de las islas y, por otro, la preocupación de una parte de la población por la ubicación concreta de una instalación energética de estas características.
Los vecinos que se oponen al proyecto defienden que existen alternativas de emplazamiento que permitirían atender las necesidades energéticas sin situar la instalación tan cerca de zonas residenciales.
La cuestión deberá resolverse dentro del correspondiente procedimiento administrativo, teniendo en cuenta tanto las características técnicas del proyecto como las alegaciones presentadas y los informes de los organismos competentes.
Mientras tanto, la movilización vecinal continúa y la petición de los residentes se centra fundamentalmente en que se estudie una ubicación alternativa que permita garantizar la seguridad energética sin generar, a su juicio, una afección innecesaria sobre las zonas habitadas del entorno.
